Todos nuestros centros cuentan con sistemas redundantes y protocolos de contingencia. En caso de incidencia técnica, nuestro equipo de soporte 24/7 puede resolver la mayoría de problemas remotamente. Para situaciones que requieran intervención física, contamos con técnicos locales en todas las ciudades donde operamos, con tiempos de respuesta inferiores a 2 horas.

El sistema está diseñado para minimizar estos problemas. En caso de impago, el acceso se bloquea automáticamente hasta la regularización. Si un cliente abandona sus pertenencias, existen protocolos legales claros y mucho más ágiles que en el alquiler residencial. La tasa de impagos en nuestros centros es inferior al 0.8%, y los conflictos significativos son prácticamente inexistentes.

La actividad de self-storage requiere licencias menos complejas que otros usos comerciales o residenciales. Típicamente se necesita una licencia de actividad para almacenamiento, que gestionamos como parte del proceso de implementación. Los requisitos específicos varían según el municipio, pero son significativamente menos restrictivos que los del alquiler residencial.

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Una de las ventajas de este modelo es su flexibilidad. Los contratos con clientes son típicamente mensuales o trimestrales, lo que permite liberar el espacio con un preaviso relativamente corto. La transformación física es significativa pero reversible, y la tecnología puede ser reubicada. Además, un centro operativo con buenos resultados tiene un valor de mercado superior como negocio en marcha.